Reformas: Permisos sectoriales y tiempos de tramitación

RESUMEN EJECUTIVO

 

Existen más de 380 tipos de autorizaciones y más 37 servicios públicos para el otorgamiento de permisos sectoriales de inversión. Es una cantidad excesiva, pero no es el problema principal. Hay múltiples insuficiencias que rodean las autorizaciones: no existe un sistema; cada autorización tiene una lógica individual; no hay una institucionalidad del Estado que monitoree el proceso; y el diseño de procesos está malo o no hay ningún diseño. Las consecuencias son serias y muchas: a) procesos de evaluación excesivamente largos, b) plazos que no se cumplen, c) falta de certeza jurídica, d) ausencia de información centralizada y, e) servicios sobrecargados que no pueden satisfacer toda la demanda. Las inversiones detenidas por estas insuficiencias son del orden de US$ 40.000 millones. Esta es la realidad de la ?permisología? y su negativo impacto sobre la inversión en el país, un tema que ya se ha instalado en la agenda/país. Las inversiones en infraestructura de uso público están entre las más afectadas, como se ha advertido desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y otras entidades.    

Los objetivos clave del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales presentado por el ministro de Economía -y que se discute en el Congreso- son disminuir de forma importante los plazos de las autorizaciones y acelerar la inversión. El Proyecto es ambicioso y extenso teniendo presente que sólo en su primera etapa contiene 71 artículos y hay que intervenir 37 leyes. Tiene alta urgencia desde el Ejecutivo y la idea es que sea aprobado en 2024. Presenta cinco aspectos principales, los que en conjunto permitirían avances sustantivos: Autorizaciones sectoriales y Técnicas Habilitantes Alternativas (THA); Normas mínimas de procedimiento; Ventanilla única; Mejora regulatoria; Creación del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial. Las estimaciones indican que una vez en régimen la nueva normativa los plazos para las autorizaciones disminuirían entre un 25% y 70%, dependiendo del tipo de proyecto.

PRESENTACIÓN NICOLÁS GRAU

Ministro de Economía

 

Resulta indispensable llevar a cabo una transformación profunda en las autorizaciones y permisos que regulan la inversión en el país. Porque se trata justamente de acelerar inversiones y superar las trabas y barreras que la frenan -lo que se ha llamado ?permisología?- y esos son los objetivos clave del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que se discute en el Congreso por estos días. Bajo la institucionalidad actual, sin embargo, también se han venido desarrollando iniciativas: se revisan en terreno proyecto por proyecto a través de todo el país -proyectos que ya están en etapa de calificación medioambiental-, en mesas públicas y privadas, se aceleran los procesos en lo posible y se apoya a los servicios, entre otras actividades.

Hay un resultado importante que destacar: en 2023 se logró en el ámbito de concesiones marítimas que la cantidad de resoluciones fuera igual a la de solicitudes, evitando así que estas se siguieran acumulando. Es realista entonces pensar en que las resoluciones superen a las solicitudes y descienda gradualmente el stock pendiente. El mensaje es que mientras el Proyecto avanza en su trámite legislativo igualmente se pueden gestionar de mejor forma los temas de ?permisología?.

El Proyecto se refiere al otorgamiento de autorizaciones sectoriales de inversión y no es parte del sistema de evaluación ambiental, el que tiene su propia institucionalidad y procesos, y también reformas sustantivas en debate legislativo. En la actualidad, hay más de 380 tipos de autorizaciones y más 37 servicios públicos involucrados en el otorgamiento de permisos sectoriales de inversión. Es una cantidad enorme, pero no es el problema principal. Las principales deficiencias radican en que: no existe un sistema de autorizaciones; las autorizaciones actuales nos protegen de riesgos pero tienen una lógica individual y no integral; no hay una institucionalidad del Estado que monitoree el proceso; el diseño está malo o no hay ningún diseño. Las consecuencias son, entre otras: a) procesos de evaluación excesivamente largos, b) plazos que no se cumplen, c) falta de certeza jurídica, d) ausencia de información centralizada y, e) servicios sobrecargados que intentan satisfacer toda la demanda pero que resulta imposible lograrlo bajo el estatus institucional actual. El resultado global entonces es muy deficiente.

El Proyecto es ambicioso y extenso: forma parte de la agenda prioritaria y la idea es sacarlo en 2024, teniendo presente que contiene, sólo en su primera etapa 71 artículos, y después es necesario intervenir 37 leyes. Presenta cinco aspectos principales, los que en conjunto permitirían avances sustantivos: 

1. Autorizaciones sectoriales y Técnicas Habilitantes Alternativas (THA)
   • Se introducen los avisos y declaraciones juradas como técnicas habilitantes alternativas a la autorización, con el mismo valor jurídico. Se establecen todos los permisos que pueden recurrir a la declaración jurada. Así, para todos los proyectos se evaluará cuáles de sus permisos pueden utilizar la declaración jurada. Debe haber un principio de proporcionalidad entre riesgos y el carácter de las autorizaciones respectivas
   • Para actividades de bajo riesgo se evaluará y habilitará su desarrollo o realización sin exigir la dictación de un acto administrativo previo, y podrán desarrollarse legítimamente desde el día de su presentación. Es una medida principal para reducir el atochamiento en los servicios; el Proyecto no elimina permisos, lo que hace es simplificarlos
2. Normas mínimas de procedimiento
   • Inicio de procedimiento por SUPER (Sistema Unificado de Permisos) a través de formularios únicos (permite estandarizar requisitos y aplicar silencio);
   • Procesos de admisibilidad (permite optimizar capacidades de los OS); el proceso de admisibilidad es una especie de contrato donde está claro lo que se va a evaluar; es entre el titular y quien evalúa, y señala si se cumplen todas las condiciones formales, y que no suceda que un proceso se rechace un año después;
   • Limitación de iteraciones regulando el requerimiento de información (establece límites a la discrecionalidad de los OS);
   • Silencio administrativo semiautomático (materializa previsibilidad y certeza jurídica: silencio administrativo como garantía);
   • Plazo para evacuar informe y silencio administrativo intermedio (materializa previsibilidad y certeza jurídica);
   • Plazos máximos supletorios, cómputo de plazo claro y suspensión: reloj de ajedrez que permite cómputo real del plazo.
3. Ventanilla única-SUPER (Servicio Unificado de Permisos)

   Todas las autorizaciones se realizarán en una plataforma única. Es una garantía para los titulares de los proyectos (saber en cada momento en qué están sus autorizaciones). Desde el Estado, por su parte, se podrá saber cómo van caminando los procedimientos y la fluidez y coordinación de autorizaciones. Se trata también de limitar la discrecionalidad y heterogeneidad en los procedimientos.

4. Mejora regulatoria: Hoy se opera con un marco regulatorio que presenta deficiencias de diverso tipo:
   • Regulación sectorial innecesariamente compleja;
   • Ineficiencia/demoras;
   • Duplicidad de funciones/revisiones;
   • Cargas administrativas injustificadas o desproporcionadas;
   • Normativa desactualizada u obsoleta.

   La mejora regulatoria, que implica aprendizaje y adaptación, contiene modificaciones normativas y medidas administrativas o de gestión:

   • Revisión periódica: cada órgano sectorial deberá evaluar periódicamente su regulación, identificando oportunidades de simplificación, coherencia, eficacia y eficiencia;
   • Coordinación administrativa: se contará con instancias de coordinación que permitirán la participación de distintos ministerios y órganos sectoriales;
   • Mejora progresiva del Sistema: proceso culmina en una agenda de mejora regulatoria que materialice las medidas necesarias para perfeccionar progresivamente el sistema.
5. Diseño Institucional: creación del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial que se encargará de los siguientes aspectos:
   • Velar por el correcto funcionamiento del sistema de autorizaciones sectoriales;
   • Emitir recomendaciones para mejorar la regulación y tramitación de las autorizaciones;
   • Administrar la ventanilla digital única SUPER;
   • Asesorar y apoyar a organismos sectoriales en la formulación de políticas y medidas de gestión interna;
   • Difundir reportes y estadísticas, realizando seguimiento de compromisos asumidos;
   • Promover la coordinación entre servicios públicos.

El efecto esperado del Proyecto de Ley puede resumirse en una reducción de entre 30% y 70% en los tiempos de autorización de los proyectos:

 

TIEMPOS ESTIMADOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE PROYECTOS

(Cálculos realizados sobre proyectos y plazos reales)

 

 

Los resultados, según se observa, van a permitir reducciones en los diferentes tipos de obras, lo que va en línea de lo comprometido. Es importante subrayar que el cumplimiento de objetivos en reducción de plazos y mayor fluidez y eficiencia supone avances coordinados y simultáneos en los cinco factores señalados. Se trata de un esfuerzo conjunto al interior de la nueva institucionalidad. Conviene recordar que no existe en el país ninguna entidad dedicada a las labores y objetivos que pretende este nuevo Servicio de Regulación y Evaluación Sectorial contenido en el Proyecto de Ley, lo cual desde ya debe ser bienvenido.

COMENTARIO DE MARÍA CRISTINA BOGADOÑOZ

Directora y Consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

 

Es una buena noticia el avance del Proyecto de Ley. Se incorporan muchos conceptos que van en la dirección de una nueva forma de abordar los temas de infraestructura; por ejemplo, proporcionalidad, seguimiento, medición y control, entre otros. Aunque no hay que esperar su aprobación, en tanto se trata de la mejora continua en la creación de nueva infraestructura. Los permisos no solucionan todo, siempre hay que estar atento a los cuellos de botellas institucionales y al trabajo de las mesas regionales, son temas relevantes. Resulta muy importante el transmitir los avances a las empresas de ingeniería y mostrarles una estrategia, obteniendo más certezas y que así los titulares de los proyectos tengan mayor claridad.  

COMENTARIO DE SERGIO CORREA

Presidente de la Comisión de Infraestructura
Cámara Chilena de la Construcción (CChC)

 

Hay un tremendo trabajo detrás de este proyecto y debiera contribuir a mejorar el clima de inversión. Merece celebrarse esta iniciativa y además, desde todos los sectores, aportar a que alcance los objetivos planteados. Volver a invertir y crecer es un desafío que está en la primera lista de las prioridades, la infraestructura juega un papel muy relevante y hay muchos proyectos en carpeta. Mejorar un 30% o 50% los tiempos y plazos de autorizaciones y permisos sería un tremendo avance. Hay US$ 40.000 millones de proyectos de inversión ?a la espera?, según cifras de la Corporación de Bienes de Capital (CBC); lo que están esperando es justamente que se destraben lo asuntos burocráticos.   

Es indispensable mejorar las confianzas y desarrollar diálogos. Hay que ser ambicioso y cauteloso ante el nuevo conjunto de disposiciones, y la gobernanza de la nueva institucionalidad es una variable clave. El mundo privado puede apoyar en todas estas materias. Resultan importantes algunos factores: por ejemplo, otorgar facultades bajo un esquema de mejora continua, optimizar la rendición de cuentas y comprometer el cumplimiento de plazos y donde podría pensarse en rangos de umbrales, establecer que profesional que firma el documento es responsable, y no el funcionario. En todo caso, el desafío es seguir trabajando las confianzas para que las inversiones resulten más fluidas.