Resumen
Se presenta un somero análisis del régimen procesal de impugnación de las sanciones administrativas, en el marco general de las disfuncionalidades que presenta el inorgánico y fragmentado cuadro de la actual Justicia Administrativa chilena. El trabajo examina el problema de las facultades del juez y el estándar de revisión que deberían posibilitar estos mecanismos procesales especiales. Se recoge como parámetro para ello tanto las críticas formuladas por la literatura chilena especializada como la referencia al sistema europeo de Derechos Humanos que plantea la exigencia del Recurso de Plena Jurisdicción como un dispositivo específico integrado en la garantía del proceso equitativo. Bajo este prisma se aboga por un rol amplio y extensivo de los Tribunales llamados a enjuiciar la legalidad de las decisiones de la Administración, en armonía con los principios constitucionales del justo y racional procedimiento. El autor cuestiona si el disperso régimen contencioso-administrativo vigente permite alcanzar ese umbral de exigencias procesales mínimamente compatibles con el estándar plenario en la revisión jurisdiccional.