Resumen
En este trabajo se analizan los mecanismos institucionales de relación entre el gobierno y las organizaciones civiles en tres estados mexicanos: Jalisco, Michoacán y Nuevo León. Utilizando como parámetros de análisis los niveles de inclusión/exclusión, la transparencia y la oportunidad de incidencia, se busca determinar como el uso de dichos mecanismos contribuye a la democratización de las políticas pública. Se concluye que, al no existir un marco legal oportuno, el diseño y ejecución de los programas de atención y apoyo a grupos civiles está sujeto a la discrecionalidad del gobierno en turno y su particular forma de definir la participación ciudadana.